En virtud del Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre por el que se regula la relación laboral del servicio doméstico en el hogar.

Todos los ciudadanos que tengan personal doméstico a su servicio, tienen que estar dados de alta como empleadores, han de suscribir contrato escrito y pagar a la seguridad social las cuotas correspondientes.

Es por estos conceptos que el riesgo para el empleador en caso de accidente laboral en el puesto de trabajo e incluso en el trayecto al mismo se ha visto agravado hasta el punto de verse en la situación de tener que pagar cuantiosas indemnizaciones y gastos como consecuencia del mantenimiento de una relación laboral sin regularizar.

Por otra parte: las multas por tener un empleado doméstico sin dar de Alta ascienden a 3000€ y 10.000€ en caso de ser extranjero sin papeles.

Asconfi como profesionales altamente experimentados en las relaciones laborales nos ofrecemos a todos nuestros clientes (Empresas, Familias, e Individuos) para asesorarles y gestionarles en todos los trámites relacionados con la legalización de los empleados domésticos y la resolución de los conflictos derivados de su ausencia y defectos de formalización.

Les atendemos personalmente, prestándoles asesoramiento económico y jurídico en nuestros despachos de Sagunto y Valencia o vía online a través de los datos de contacto expresados en la página de contacto de la Web de nuestra empresa.

Préstamos defensa jurídica de su caso ante inspecciones de trabajo de la seguridad social, hacienda y demandas civiles, por lo que su persona, familia o empresa, se sabrá defendida en sus intereses, pudiendo dormir tranquila al saberse cubierta, ante riesgos tan graves como inesperados.

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Procedimientos monitorios exentos
del pago de la tasa judicial

Procedimientos monitorios exentos

del pago de la tasa judicial

La presentación inicial del procedimiento monitorio para la reclamación de cantidades vencidas y exigibles conlleva, desde el 14 de Abril de 2011, el pago de la TASA JUDICIAL.

La tasa judicial es un importe que permite acceder a la actividad jurisdiccional y que se caracteriza por:

Ser de carácter estatal.

La gestión está encomendada al Ministerio de Hacienda con la colaboración de los órganos jurisdiccionales.

El devengo se produce en el momento de la interposición de la demanda.

La base imponible coincide con la cuantía del procedimiento judicial, determinada con arreglo a las normas procesales.

Sujetos pasivos: grandes empresas que promuevan la actividad jurisdiccional.

Exenciones subjetivas:

• - Personas físicas
• - Pequeñas empresas
• - Grandes empresas en determinados supuestos

Hasta ahora, todos los procedimientos monitorios, sin tener en cuenta la cuantía, tenían una tasa judicial de 90’00 euros.

El pasado 22 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la rectificación del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se establece una nueva regulación en cuanto al importe de la tasa judicial en los procedimientos monitorios:

Si la cuantía reclamada no supera los 3.000’00 euros —- exención de la tasa judicial.

Si la cuantía excede de 3.000’00 euros —- se fija una tasa reducida de 50’00 euros, más un porcentaje del 0’5 o 0’25, según la cuantía reclamada.

Para finalizar, hay que recordar que con el procedimiento monitorio lo que se persigue es el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 250.000,00 euros. La existencia de la deuda debe acreditarse mediante documentos, facturas, albaranes de entrega, certificaciones… El acreedor deberá presentar su petición con los datos del deudor y el origen y la cuantía de la deuda ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor.

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